La concejal Marcela Durrieu, suegra de Sergio Massa, le ganó la pulseada a Gustavo Posse y logró que la Justicia dejara sin efecto una ordenanza que permitía la edificación en 43 mil metros cuadrados del emblemático Hipódromo de San Isidro, para construir oficinas y viviendas.

El hipódromo, construido a principios del siglo XX por el Jockey Club en cerca de 300 hectáreas ubicadas en el corazón de San Isidro, está ahora en el centro de luchas internas de un mismo frente político, el massismo.

A pedido del Jockey Club, que necesita el dinero para alimentar las deficitarias arcas del club y contrarrestar la feroz competencia de la actividad hípica con el Hipódromo de Palermo, el Concejo Deliberante había convalidado en diciembre de 2013 la rezonificación del área, permitiendo al Club avanzar con las obras.

Es cierto que el área prevista para edificar es una zona insignificante del territorio del hipódromo. Son apenas 4 hectáreas de las más de 300 totales, pero también es verdad que es una zona pegada al centro comercial del distrito. La ordenanza permitía construir hasta 4 pisos con una densidad de hasta 600 personas por hectárea. El Jockey tiene separado ese lote desde 1972.

Días después de aprobarse el proyecto con la mayoría automática del Concejo, en enero Durrieu solicitó ante la Justicia la suspensión de la ordenanza, ya que carecía del estudio de impacto ambiental y del soporte de participación ciudadana, como tampoco se tenía en cuenta la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana.

Desde la municipalidad que conduce Posse manifestaban que sólo se le estaba ofreciendo un marco legal para que el Club avance con las medidas ambientales y de infraestructura para realizar las obras.

“En aquel momento dije que era irresponsable que se negara a realizar una consulta popular y un estudio de impacto ambiental, pero como de costumbre siguieron adelante igual. Se consideran los dueños de San Isidro y que pueden hacer lo que se les da la gana. Pero la Justicia les dijo que no”, manifestó Durrieu.

En efecto, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro hizo lugar a la medida cautelar pedida por Durrieu y dispuso la suspensión de la Ordenanza 8745. El fallo dispone que se realice el impacto ambiental, la consulta popular y se asegure la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana.

“Este es un fallo muy esperado y es un mérito de toda la comunidad de San Isidro que se movilizó en defensa del medio ambiente”, completó la concejal massista.

Según consta en el fallo “el Jockey Club llamó a licitación para vender el lote en cuestión a desarrolladores inmobiliarios de primera línea, o inversores o grupos financieros de reconocida solvencia con intervención de un estudio de arquitectos o empresa constructora”.

De acuerdo con la concejal del Frente Renovador, la idea es anticiparse a una posible paralización o revocación de permisos de obras, y lo que se busca es salvaguardar la integridad patrimonial del club.